Me permito un publicar un texto de Lanasubelanabaja

Mis estimados, disculpen que me entrometa en su diálogo, pero es que el día de hoy leí una nota en La Jornada que me llenó de terror y de indignación, y que además viene muy a cuento con lo que en este espacio han conversado. Se trata de una nota que refiere la respuesta que prepara el gobierno del Estado de México al informe que la CNDH presentó sobre el abuso de autoridad y la tortura que integrantes de la policía estatal cometieron contra los detenidos en Atenco, particularmente durante su traslado al penal de Santiaguito. El titular de la PGJEM, Abel Villacaña, sostuvo que no puede imputarse a la policía el delito de tortura bajo el argumento legaloide de que “la conducta de los policías no estuvo encaminada a obtener una confesión o una información de parte de los asegurados.” Como el Código Penal establece que la tortura sólo se da “cuando se intimida, golpea o se causa daño físico (ojo, que no psicológico) a una persona con el propósito de obtener de ella una confesión o una información”, y eso no fue lo que sucedió con los detenidos de Atenco, entonces el procurador dictaminó que la conducta mostrada por los agentes policíacos se enmarca en el delito de “abuso de autoridad”.
Desconozco si la pena judicial para el delito de abuso de autoridad sea menor que la que se establece para tortura, ni si ésta última es juzgada por los tribunales federales o también por los estatales.
Pero además de lo obvio (que esta definición de tortura niega los pactos internacionales en materia de derechos civiles y políticos, la declaración universal de derechos humanos, y hasta al sentido común, que establecen que tortura también es el daño físico y psicológico cometido contra alguien como castigo, venganza o mero “entretenimiento” del torturador), me parece que esta declaración entraña la discusión entre lo político, lo justo y el Estado de Derecho. Y en ese entramado se da la batalla por los conceptos.
Primero Rubén Aguilar desdeñó el informe de la CNDH sobre Atenco al calificarla de “política”, agradeciendo el gesto, el procurador del Estado de México la sometió a las leyes y la encontró improcedente. Ninguno de estos funcionarios debatió la veracidad del informe, ninguno se pronunció en contra de la violencia con que se trató a los detenidos, ninguno hizo juicio moral alguno, ninguno se refirió a la violación de los derechos humanos de los “asegurados”… simplemente no tuvo cabida en el marco del Estado de Derecho que se supone nos gobierna y que, constantemente se nos reitera, debe prevalecer ante lo político. Y claro, para eso tenemos instituciones, para hacer cumplir la ley (si ésta es escrita o interpretada por una clase en el poder no es tema a discutir). Caso cerrado. Dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo y vayámonos a dormir tranquilos, seguros de que esa señorona llamada Ley vela nuestro sueño.
Bajo este discurso se niega en la práctica toda vigilancia, mediación e intervención pública de las organizaciones civiles en las prácticas políticas, y con ello a la democracia.
Creo que sí, que necesitamos dar la batalla por los conceptos, y con ello no me refiero a la definición de lo que es izquierda o derecha, sino a restituir al espacio de lo público (y por tanto de lo político) la discusión sobre lo que es justo y lo que no.