martes, octubre 17, 2006

En "Dialogos con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre ciudadania y cultura politica democratica"



Los Derechos Humanos, una introducción

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que hoy, 16 de octubre, haría la recomendación "por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las corporaciones policíacas federales, estatales y el Instituto Nacional de Migración" en el operativo en San Salvador Atenco. En dicho documento se acreditan, entre otros atentados a los derechos humanos, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, tortura física y sicológica, cateos ilegales y los asesinatos de Francisco Javier Cortés y de Alexis Benhumea cometidos por la policía estatal del Estado de México y la policía federal.
Cuando Soberanes, la semana pasada anunció el contenido de este informe, Rubén Aguilar, vocero de la Presidencia, lo descalificó diciendo: “Ustedes saben el tipo de declaraciones que hace o suele hacer el doctor Soberanes, de carácter político, muy ajenas a la labor de un ombudsman”.
Esta declaración, preocupante en sí misma, pone en evidencia uno de los problemas con los que el seminario que convoca a este diálogo se ha enfrentado: qué se entiende por política. Es obvio que en la descalificación del señor Aguilar quiere hacernos pensar que el presidente de CNDH busca algún tipo de interés personal al denunciar lo ocurrido en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. “Ustedes saben el tipo de declaraciones que hace o suele hacer el doctor Soberanes, de carácter político, muy ajenas a la labor de un ombudsman”, dijo, dando a entender que no está cumpliendo con la obligación de imparcialidad necesaria, sino que actúa de modo faccioso. Además obviar su cargo público, acude a una idea negativa y restringida de la política que no es exclusiva del vocero de la Presidencia, en el que me quiero detener un momento, y que comúnmente se encuentra en diferentes expresiones cotidianas.
Esta expresión pone en evidencia el frecuente uso del concepto de política que se pone en marcha, por ejemplo, cuando los comentaristas de radio y televisión insisten en preguntarse a quiénes benefician las protestas en Oaxaca, a qué grupos a qué oscuros intereses responden las protestas en Oaxaca. Bajo esta idea de la política uno puede estar orgulloso al decir: “yo no me meto en política” y, al mismo tiempo, cuando se ve una protesta en la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, afirmar con suficiencia y airadamente: “alguien movió a toda esta gente ¿quién habrá sido?, ¿para qué?”
Varios son los elementos que comparten estas expresiones: Primero, la política es un asunto de individuos. Dos, sólo los individuos que tienen intereses. Tres, sus intereses son, en todas las ocasiones, egoístas. Finalmente, no existen las reivindicaciones sociales. Pero más que descalificar estas expresiones por pensar, como se suele decir, que es una mano pachona que está detrás de todo evento político, estas expresiones cotidianas apuntalan una misma idea: la política definida como la estrategia y acciones tácticas encaminadas a la obtención y mantenimiento del poder.
Según esta definición los que hacen trabajo político lo hacen por interés personal. Los asuntos políticos, en consecuencia, se refieren y afectan sólo a aquellos que luchan por el poder. El resto de la ciudadanía asistimos a la política como cuando se acude a un cruel espectáculo. Los conflictos sociales están, en el mejor de los casos, desvinculados de la política.
En una página de Internet dedicada a los derechos humanos, y siguiendo esta misma idea facciosa de la acción política, se explica que a finales del siglo XIX y principios del XX el activismo por la defensa de los derechos humanos estaba ligada a la lucha partidista y religiosa, de modo que, la consecuencia aparenta ser natural, sus preocupaciones eran más políticas que humanitarias. En estas diferentes argumentaciones se insiste en que la defensa de los derechos humanos no debiera tener un carácter político. Sólo una posición que superara el lugar de conflicto y confrontación podría evitar que los gobiernos asumieran la defensa de los derechos humanos como una amenaza, y que, como en las dictaduras del Cono Sur en los setenta, entre otros regímenes, se vigilara a las organizaciones de derechos humanos como un objetivo militar para el mantenimiento del orden y la estabilidad política.

Esta extendida idea de la política tiene algo de razón: es cierto que la política tiene que ver con el conocimiento de los mecanismos para postular y satisfacer los intereses particulares en el ámbito público. Pero la política también es el mecanismo que las sociedades desarrollan para solucionar los problemas de autoridad, distribución de funciones sociales, así como la distribución de bienes y servicios. La política es un mecanismo de acuerdo y resolución de problemas colectivos. Y en la medida en que los problemas son colectivos, es esa colectividad la que se ve afectada por las decisiones políticas.
Es necesario pensar, entonces, que la política trata directamente con los problemas y conflictos sociales. Para tal efecto, no viene mal recordar que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 es resultado de un proceso revolucionario contra el absolutismo. Esta declaración, realizada en Francia, pero acogida con entuciasmo en América Latina, debiera advertirnos de la doble condición de los Derechos Humanos. Lo que nosotros llamamos el carácter normativo de los Derechos Humanos señala, por un lado, una necesidad social: promover una transformación de las relaciones sociales. Pero al mismos tiempo, advierte de las consecuencias de no cumplir con estos preceptos, al considerar, como lo hacía la Asamblea Nacional del pueblo francés, “que la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos […]”.
De este modo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano nos recuerda que la política es el mecanismo pacífico para solucionar los problemas. Más allá de la política, la guerra y la violencia. Nos recuerda también que, para que la política sea posible es necesario asumir a los derechos humanos como norma de nuestras acciones.

Como vemos, los derechos humanos aparecen como una idea regulativa. Producto de una determinada perspectiva de la historia, pero entendida como expresión de la humanidad, los derechos humanos no le pertenecen a nadie en lo particular. La idea, enunciada como condición trascendente del hombre, no pertenece a un conjunto de individuos o grupo social particular, sino a todos los hombres y mujeres por igual. Hacia el siglo XVIII, los derechos humanos aparecen enunciados de manera secularizada, no como una idea religiosa, lo que es un primer paso hacia su universalización. Provenientes de una noción universalista, los derechos humanos, sin embargo, son enunciados desde un lugar determinado y con una perspectiva acotada: tienen también una historia.
La Asamblea Nacional que proclama los Derechos del Hombre y del Ciudadano se ha enfrentado, en un movimiento turbulento y acelerado, a una creciente centralización de poder, eso que conocemos como el absolutismo. El monarca ha asumido una serie de atribuciones que le correspondían a las Cortes, o asambleas de notables. El Estado absolutista no consulta, sino decide. Ha dado forma a un ejército independiente de las autoridades locales, ha incrementado y personalizado el cobro de impuestos. Ha logrado hacer cada vez más precisas y efectivas sus funciones de administración económica (en el cobro de impuestos) y administración del orden social (vigilancia y castigo). El regreso a mecanismos de representación no es la novedad de la Revolución Francesa sino la postulación de garantías personales, que no pasan por el estatus social de las personas. Las luchas sociales establecieron una nueva imagen de lo social que no tenía en los privilegios de nacimiento su centro articulador. Las garantías individuales se pensaron universales, definiéndose contra la exclusividad del valor humano. La valía y la importancia social no debieran limitarse a un sector social particular.
La experiencia urbana, los asomos del anonimato y de la privacidad, así como una individualidad entendida como potencialidad que no debe ser limitada, dieron forma a lo que hoy se conoce como la primera generación de los Derechos Humanos: los derecho a la propiedad, a la libertad y a la participación política fueron entendidos como los derechos elementales que la sociedad estaba obligada a cumplir. Los derechos humanos fueron la expresión de una sociedad civil que exigía no ser sometida a la autoridad y se afanaba en crear las condiciones de su libertad.
Un siglo después, con la luchas sociales de aquello que se conoció como el proletariado, y con las luchas políticas desatadas por nuevos sujetos sociales colectivos, como los sindicatos, cooperativas y partidos políticos, nuevas exigencias sociales toman lugar. A los derechos humanos de la primera generación se agregan los de la segunda: derechos que pretenden dar forma u mínimas condiciones de equidad social. Ante la igualdad formal de la ley, estas reivindicaciones insistían en condiciones similares para la vida social: el derecho a la salud y a la educación, al trabajo y al techo, aparecen como derechos que deben ser asegurados por parte de la sociedad. Los llamados derechos sociales fueron incluidos como derechos humanos fundamentales. Hoy en día, con un nuevo contexto social, hablamos de los derechos de tercera y cuarta generación: el derecho a la autodeterminación, a un ambiente limpio, el respeto a la diferencia sexual y cultural. Más que hacer una genealogía, lo que he querido señalar es que, si bien la enunciación de los derechos humanos ha sido un trabajo teórico, la reivindicación de éstos ha sido una experiencia social colectiva: esto es, una puesta en marcha de los intereses particulares y colectivos en el espacio público; han sido resultado de intensos debates teóricos y luchas sociales; ha sido una experiencia política.
Es necesario señalar que estas distintas etapas históricas, estas diferentes generaciones de derechos humanos, como se les conoce en la teoría social, no han sido etapas que se sucedan históricamente. El curso histórico de los derechos humanos no es de sustitución, sino de acumulación. Como se dijo en la sesión de la mañana, los derechos humanos son pensados como derechos integrales e interdependientes. Si bien, la libertad y las garantías a la participación política son insuficientes para garantizar una vida digna, debiera quedarnos claro también que no se pueden sostener los derechos a la salud y a la autodeterminación sin dar las garantías políticas y las libertades civiles.
Es por eso que hoy empezamos nuestros “Diálogos con las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre ciudadanía y cultura política democrática” con la mesa de los derechos humanos. Creemos que la cultura política democrática y la ciudadanía se fundan tanto en la lucha por la definición de los derechos humanos integrales, como en el mantenimiento de las garantías que éstos plantean.
En sintonía con esta idea, en la mañana se dijo en la mesa teórica, que la lucha política en torno a los derechos humanos tiene hoy dos frentes igual de importantes: se trata de luchar contra la reversión de los derechos conquistados y la construcción de nuevos derechos. Queremos ahora escuchar las experiencias particulares que las Organizaciones aquí presentes han tenido en la lucha por garantizar los derechos humanos.
Escucharlos nos ha permitido, en un primer momento, entender el tránsito de la nomenclatura del las Organizaciones No Gubernamentales a llamarse Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta transformación nominal, que muchos dentro del seminario descubrimos en la organización de este evento, es resultado, me parece, de una lucha política. De esa nomenclatura propia de la Guerra Fría y de una espacio público cooptado por la lucha ideológica, las Organizaciones han intentado asumir una nueva identidad, que no se defina por la negación (no soy parte del gobierno) sino por la afirmación (soy parte de las reivindicaciones sociales). Este tipo de transformaciones, producto de experiencias muy concretas, son las que intentaremos entender el día de hoy y a lo largo de estos diálogos.
Es necesario, finalmente, tener en cuenta que este mismo espacio pretende ser el encuentro de visiones diferentes, en una espacio abierto al debate y la discusión a partir de las experiencias personales y grupales: es ya un esfuerzo político por cambiar, entre otras cosas, la idea de lo político .

3 comentarios:

lich dijo...

Ayer volví a verme en medio de una de esas discusiones sobre la política, la izquierda y la derecha. Decía mi interlocutora que le parece que ahora es muy fácil plantear o enarbolar un discurso de izquierda que no compromete a la acción. Ella dice que eso es una condición posmoderna. No lo sé. Lo que me importó, más bien, fue que más adelante dijo que la separación izquierda y derecha --últimamente-- sirve más para confundir que para clarificar. A mí me parece pertinente su anotación, pero me inquieta. Me parece pertinente porque, al menos, contribuye a escapar, de nueva cuenta, al pensamiento que tiende a autorganizarse dicotómicamente, como si no hubiera de plano de otro. Y porque siempre habrá un sujeto o una acción más cargada a la izquierda o más a la derecha que otro u otra. Entonce no sirve tanto para dilucidar nada. Y, luego, ya lo hemos visto, esta dualidad sirve para los enjuiciamientos públicos desde la autoproclamación de la pureza militante y la congruencia ideológica. Ok. Me inquieta, porque me recuerda que no tenemos muchos más o mejores términos para organizarnos. Porque me da cuenta de mis propios vericuetos: los buenos y los malos. Pienso que el análisis de lo político no puede ir por ese camino. Sin embargo,no sé qué resolver cuando se trata de la táctica y la estrategia. Me detengo y pienso: ¿los ciudadanos tendríamos que organizar nuestro actuar político en esos términos? Una posición idealista republicana me diría que no, pues no somos un ejército ni cosa parecida. Pero resulta que, independientemente de la filosofía y la teoría política, hay una historia de las prácticas políticas. Que la forma de hacer política tiene una historia, y dista mucho de asemejarse a lo que han soñado sucesiva o simultáneamente los filósofos y teóricos políticos. La política ha sido siempre una arena de disputa. En efecto, no es el espacio dado nomás para la negociación de los intereses egoístas (entiendo que eso es en otro costa...¿el del mercado?) sino el espacio para la negociación de los intereses generales, colectivos, públicos. El modo que históricamente hemos visto para canalizar la demanda, la solicitud o la exigencia a los gobernantes ha sido justamente el de los derechos humanos, de 1a. a 4a. generación. El individuo sólo puede apelar, por sí mismo, a través de una instancia jurídica o administrativa, la dotación de un bien o el servicio d ela justicia, pero ello en el marco de la legalidad imperante. Si su solicitud o demanda no está en el inventario constitucional que pone marco y mandato a la institución entonces no será fácil. Basta imaginar a un hombre o mujer gay solicitando le hagan justicia, restituyéndole su puesto de trabajo o permitiéndole adoptar un hijo. Eso sólo es posible cuando hay una elaboración colectiva de esa petición. Cuando se explica cómo los derechos humanos universales, son la premisa apenas de lo que idealmente es una vida digna y justa. Para esta última, se parte --sí-- del derecho a la vida, a la nacionalidad, pero se llega con los derechos sociales, civiles y políticos...o no se llega. Lo que me regresa al punto del principio. A este respecto, ¿qué es lo que distingue a la supuesta derecha de la supuesta izquierda? ¿están una como otra por el cumplimiento de los derechos humanos? Sabemos que no, porque históricamente lo que hemos erráticamente dado en llamar "la derecha" se ha opuesto una y mil veces , de diversas maneras, al respeto a los derechos humanos. Son otros los valores que enarbolan, no son los derechos humanos, ni de primera ni de cuarta. ¿Por qué? ¿Porque son derechos y no valores? ¿Porque son resultado de la cultura política democrática y no artículos de la ley divina? De veras me lo pregunto, ¿por qué?

Guelo dijo...

Alicia,

Ayer, o aquél día en que te leí, me dieron vuelta en la cabeza varias cosas. Una primera: estoy de acuerdo que no sirve la derecha como un concepto que describa, sino que norma la acción política. Ocurre pues lo mismo que con la izquierda. Hoy en día por ejemplo, la discusión sobre si Obrador es de izquierda, si Marcos es de izquierda. Y el problema no es si uno u otro cumplen a cabalidad con los requisitos que se requieren para ser de izquierda. Lo que está a debate es un problema de oposiciones: en relación a Calderón, Obrador era de izquierda; en relación al EPR, el EZLN no parece ser plenamente de izquierda. La discusión que ocurrió hace ya varios años en torno a que todos los actores políticos buscaban el centro muestra hoy lo absurdo del planteamiento, pero ante esa lógica de la moderación es que el EZ decide mostrarse anticapitalista, es decir, reafirmar su condición de izquierda enfrentada a la derecha de los patrones.
Esa nomenclatura de identificación parece absurda si no fuera porque es muy útil para el posicionamiento público. De este modo es que digo que no es una noción descriptiva sino normativa.
Otra cosa es el problema del poder. Tener el poder obliga a mantenerlo. Es la regla del poder. En ese sentido, el poder no acude a nociones como justicia o derechos humanos, a menos de que le sea inevitable para mantener la apariencia de ser un gobierno, plural, incluyente y justo. En este sentido, ¿Castro o Chávez son gobiernos de derecha? Quizá sea un asunto de sólo posicionarse ante el capital, pero si ese es el caso ambos gobiernos hacen acuerdos capitalistas en sus respectivos países (recuérdese el turismo en Cuba, donde los españoles invierten para sacar beneficio individual y capitalista). No. Los derechos humanos son una retórica nacida de los débiles, pero que, como casi toda idea, está vacía. Se le llena de contenido con su uso. Hay que recordar que Bush hace frecuente uso de esa retórica para invadir países.
Lo que a bote pronto puedo decir de la primera sesión del encuentro con las OSC es que ellos participan de una lógica muy otra y, por ejemplo, se niegan a ser opositores ideológicos. Y esa negación resulta ser una estrategia muy importante para la defensa de lo que consideran fundamental. Más allá están las discusiones en torno de si eso que defienden es en verdad fundamental.
Por otro lado, no hay que olvidar que Provida acude al argumento del derecho a la vida para condenar el aborto. La discusión en este particular punto (el aborto) no ha encontrado solución pues todavía es una discusión de valores y no una elaboración universal, en el que todos podrían estar de acuerdo, de derechos. Creo que esa es la diferencia, Alicia. El problema con los derechos humanos, como sugiero en mi escrito, es que es trabajo tanto de una elaboración teórica como de movimientos sociales que hacen cambiar de parecer a la sociedad. La esfera pública es, entonces, uno de los conceptos centrales para la creación, mantenimiento y difusión de los derechos humanos. Faltará hablar después de ella.

Lanasubelanabaja dijo...

Mis estimados, disculpen que me entrometa en su diálogo, pero es que el día de hoy leí una nota en La Jornada que me llenó de terror y de indignación, y que además viene muy a cuento con lo que en este espacio han conversado. Se trata de una nota que refiere la respuesta que prepara el gobierno del Estado de México al informe que la CNDH presentó sobre el abuso de autoridad y la tortura que integrantes de la policía estatal cometieron contra los detenidos en Atenco, particularmente durante su traslado al penal de Santiaguito. El titular de la PGJEM, Abel Villacaña, sostuvo que no puede imputarse a la policía el delito de tortura bajo el argumento legaloide de que “la conducta de los policías no estuvo encaminada a obtener una confesión o una información de parte de los asegurados.” Como el Código Penal establece que la tortura sólo se da “cuando se intimida, golpea o se causa daño físico (ojo, que no psicológico) a una persona con el propósito de obtener de ella una confesión o una información”, y eso no fue lo que sucedió con los detenidos de Atenco, entonces el procurador dictaminó que la conducta mostrada por los agentes policíacos se enmarca en el delito de “abuso de autoridad”.
Desconozco si la pena judicial para el delito de abuso de autoridad sea menor que la que se establece para tortura, ni si ésta última es juzgada por los tribunales federales o también por los estatales.
Pero además de lo obvio (que esta definición de tortura niega los pactos internacionales en materia de derechos civiles y políticos, la declaración universal de derechos humanos, y hasta al sentido común, que establecen que tortura también es el daño físico y psicológico cometido contra alguien como castigo, venganza o mero “entretenimiento” del torturador), me parece que esta declaración entraña la discusión entre lo político, lo justo y el Estado de Derecho. Y en ese entramado se da la batalla por los conceptos.
Primero Rubén Aguilar desdeñó el informe de la CNDH sobre Atenco al calificarla de “política”, agradeciendo el gesto, el procurador del Estado de México la sometió a las leyes y la encontró improcedente. Ninguno de estos funcionarios debatió la veracidad del informe, ninguno se pronunció en contra de la violencia con que se trató a los detenidos, ninguno hizo juicio moral alguno, ninguno se refirió a la violación de los derechos humanos de los “asegurados”… simplemente no tuvo cabida en el marco del Estado de Derecho que se supone nos gobierna y que, constantemente se nos reitera, debe prevalecer ante lo político. Y claro, para eso tenemos instituciones, para hacer cumplir la ley (si ésta es escrita o interpretada por una clase en el poder no es tema a discutir). Caso cerrado. Dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo y vayámonos a dormir tranquilos, seguros de que esa señorona llamada Ley vela nuestro sueño.
Bajo este discurso se niega en la práctica toda vigilancia, mediación e intervención pública de las organizaciones civiles en las prácticas políticas, y con ello a la democracia.
Creo que sí, que necesitamos dar la batalla por los conceptos, y con ello no me refiero a la definición de lo que es izquierda o derecha, sino a restituir al espacio de lo público (y por tanto de lo político) la discusión sobre lo que es justo y lo que no.